El Ministerio de Defensa hizo peligrar de forma sistemática las vidas de sus soldados al obligarlos a viajar en aviones viejos, con mantenimiento deficiente y en cuyo interior los pasajeros iban mezclados con la carga que no cabía en las bodegas, según un informe de un perito aeronáutico entregado en la Audiencia Nacional relativo al accidente del Yak-42, que en 2003 costó la vida en a 62 militares.

Esas prácticas cesaron días después del siniestro, cuando el entonces ministro, Federico Trillo, ordenó cancelar los alquileres de aviones de origen soviético y trasladar a los soldados en aviones de línea regular.

El juez Fernando Grande-Marlaska, que investiga si Defensa cometió irregularidades en estos viajes, tomó ayer declaración, a petición de las familias de las víctimas, al perito Cecilio Yustas, experto en investigación de accidentes aéreos. Este especialista entregó al magistrado un informe en el que expone los riesgos que corrían los viajeros de esos vuelos.

El perito concluye que "se estuvo realizando una operación inadecuada de forma reiterada, no exenta de riesgo para los pasajeros, permitiendo que viajaran mezclados con mercancías apiladas por encima de sus cabezas en la misma cabina".

Una foto de prueba

El informe incluye en su anexo una foto tomada en un viaje anterior al del Yak-42, en la que aparecen un grupo de soldados mezclados con la carga, que invade la cabina de pasajeros.

El experto destaca, además, que los asientos del Yak-42 siniestrado estaban en mal estado al carecer de cinturón de seguridad. El perito destaca el "agotamiento extremo y estrés" que sufría la tripulación, tras 25 horas y 17 minutos de trabajo ininterrumpido, y describe su actividad como "difícil de calificar por excesiva y por estar fuera de toda norma y operación segura".