Los militares imputados por la contratación del Yak declararán ante Marlaska

Los cinco mandos militares imputados en la causa en la que se investigan las supuestas irregularidades en la contratación del Yak-42, que se estrelló en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003, comienzan a declarar mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska.

El primero en hacerlo será el que fue Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) entre los años 2000 y 2004, Antonio Moreno Barberá, máximo responsable de las misiones militares en el exterior y a quien los familiares de los 62 españoles fallecidos en el siniestro acusan de no haber hecho nada a pesar de conocer las quejas sobre el mal estado de los aviones que se utilizaban en ellas.

Tras él comparecerá ante el magistrado el ex Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON) Juan Luis Ibarreta, que inició los contratos con la agencia de la OTAN NAMSA para el alquiler de las aeronaves.

El martes, Marlaska tomará declaración a tres responsables del Estado Mayor Conjunto (EMACON): José Antonio Martínez y Joaquín Yáñez, encargados de controlar los contratos de los aviones, y Alfonso Elías, que solicitó mediante un correo electrónico a la contratista Chapman Freeborn el Yak-42 que luego se estrelló.

Los cinco están imputados por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte como supuestos responsables de no haber ejercido el 'control efectivo' del cumplimiento del contrato que el EMACON suscribió con NAMSA para el traslado de tropas españolas al y desde el exterior.

La imputación de los mandos militares se hizo a petición de las acusaciones populares que ejercen las familias de los fallecidos y de la Fiscalía, que considera que la investigación ha confirmado que las deficientes condiciones de seguridad del vuelo y el alto riesgo que suponía para las tropas españolas eran conocidos por los responsables militares del Ministerio de Defensa.

Esta causa, que se inició el 31 de octubre de 2003, cuando la Asociación de Familiares de las víctimas del accidente presentó la primera denuncia, llegó a ser archivada por Grande-Marlaska el 1 de junio de 2007, con el argumento de que no había apreciado responsabilidad penal en los funcionarios del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ordenó el pasado 22 de enero reabrir el caso al estimar 'precipitado' el archivo.

El tribunal consideró que la seguridad del vuelo siniestrado estaba 'seriamente comprometida' por varias carencias que debían ser investigadas para depurar las eventuales responsabilidades, ya que 'nadie de los obligados a ello' actuó para corregirlas a tiempo y evitar el accidente, que se produjo cuando los militares españoles volvían de una misión en Afganistán.

En la Audiencia Nacional hay abierta otra causa en la que se investiga la identificación errónea de treinta de los 62 cadáveres de las víctimas del siniestro.

La Fiscalía acusa por estos hechos de un delito continuado de falsedad documental a otros tres militares, el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez y pide cinco años de prisión para el primero 4 años y medio para los otros dos.