El accidente del Yak 42: cronología y vías judiciales

Un total de 62 militares españoles fallecieron en el accidente que se produjo al estrellarse el aparato en el aeropuerto de Trebisonda. El 26 de mayo de 2003, a las 01.30 horas GMT, un avión Yakovlev 42-D (matrícula UR-42352) de fabricación soviética, se estrelló cerca del aeropuerto de Trebisonda (Trabzon,Turquía), donde iba a realizar una escala técnica, con un balance de 75 fallecidos. Así empieza la trágica historia de uno de los accidentes del Ejército más graves vividos en España, en el que el propio ex ministro de Defensa, Federico Trillo, ha estado al borde de ser imputado por la gestión del incidente.

El avión, que se dirigía a la Base Aérea de Zaragoza, había comenzado su periplo el 24 de mayo en Kharkiv (Ucrania) y había realizado escalas en las bases aéreas españolas de Zaragoza y Torrejón de Ardoz (Madrid) y en Estambul (Turquía). Al día siguiente, 25 de mayo, recogió a 53 españoles en Kabul y a 9 en Manás (Kirguizistán).

Contratación problemática

La contratación de la aeronave había sido encargada por el Ministerio de Defensa español a la Agencia de Mantenimiento y Apoyo de la OTAN (NAMSA). El contrato con NAMSA se formalizó en febrero de 2002 para cubrir el traslado de los contingentes españoles en el extranjero, dado que España no contaba con aviones de transporte estratégico.

NAMSA sacó a concurso la adjudicación de medios aéreos y resultó ganadora la empresa británica "Chapman Freeborn", que subcontrató a la compañía aérea ucraniana 'Ukranian Air Mediterranean' (UM-Air), quien finalmente fletó el vuelo siniestrado en Turquía.

Según el informe de la Comisión de Investigación de Turquía, el piloto no siguió la ruta establecida por el aeropuerto para la aproximación en el primer intento de aterrizaje y tuvo que abortarlo. Antes del segundo intento, al piloto se le pidió que subiese a 6.000 pies, pero se elevó a 6.200 y cruzó la vertical de navegación del aeropuerto hacia el sur, donde estaban las montañas en que se estrelló.

Doble vía de investigación

La vía penal de investigación del accidente comenzó el 31 de octubre de 2003, cuando la Asociación de Familias de las Víctimas presentó una denuncia en la Audiencia Nacional para esclarecer el accidente, que fue rechazada al mes siguiente por la jueza Teresa Palacios. En julio del año siguiente la Audiencia Nacional se declara competente y el caso, asumido posteriormente por el juez Fernando Grande Marlaska sustituto en la Audiencia Nacional de la juez Teresa Palacios, vuelve a este tribunal.

Aunque en un primer momento el juez Grande Marlaska, que había sido recusado sin éxito por los familiares de las víctimas, archivó la causa, la Audiencia Nacional le obligó a reabrir la investigación el 24 de enero de 2008.

Por otro lado el proceso civil fue seguido por el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza y acabó el 10 de febrero de 2006 con la condena a la compañía Ukranian Mediterranean Airlines, Chapman Freeborn y a la reaseguradora Busin JointStock Insurance, al pago de diez millones de euros en concepto de indemnizaciones a los familiares de los fallecidos.

A la posible responsabilidad por la contratación del avión siniestrado se unió la responsabilidad por los errores cometidos en la identificación de los cadáveres de los fallecidos. El jefe del equipo médico que firmó las identificaciones de las víctimas, general Vicente Navarro, asumió la responsabilidad de las treinta que fueron erróneas y exculpó al ex ministro Federico Trillo y a sus subordinados.

El 27 de enero de 2005, los familiares de los 21 fallecidos cuyos restos fueron mal identificados (en total fueron 30 pero nueve de ellos habían sido incinerados) recogieron los restos auténticos de sus seres queridos y celebraron en su honor un funeral íntimo en el cementerio madrileño de la Almudena.

No imputado

Finalmente, el ex ministro de Defensa, Federico Trillo, no será imputado en la causa abierta sobre las presuntas irregularidades en la contratación del Yak-42, que se estrelló en Turquía en 2003. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska, responsable del caso, no ha encontrado indicios de criminalidad en su forma de actuar.