Marlaska cita a 12 generales para aclarar el contrato del Yak

El juez llama a 39 testigos y pide ayuda a 16 países

El juez Fernando Grande-Marlaska no se quiere quedar corto. Aunque inicialmente había archivado el caso de la contratación del avión Yakolev 42, que se estrelló en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, causando la muerte de 12 tripulantes y 62 militares españoles que regresaban de una misión humanitaria en Afganistán, la Sala Penal de la Audiencia Nacional le ordenó reabrir la investigación. Por ello, ahora, el magistrado ha acordado pruebas para realizar una instrucción exhaustiva.

Así, ha citado a declarar a 39 nuevos testigos, 12 de los cuales son generales, y, además, ha ordenado comisiones rogatorias de ayuda judicial para 16 países, entre los que figuran Turquía, Estados Unidos, Canadá, Luxemburgo, Noruega, Ucrania, Egipto, Líbano, Djibuti, Turkmenistán, Afganistán, Kirguizistán, Bélgica, Alemania, Irlanda o Kuwait. El caso se circunscribe a la "organización, contratación, ejecución, vigilancia, inspección y supervisión del vuelo" y no a la errónea identificación de las víctimas, por lo que se instruye otro procedimiento.

En este asunto se encuentran imputados el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Antonio Moreno Barberá; el ex jefe del Estado Mayor Conjunto (Emacon), el teniente general Juan L. Ibarreta; el ex jefe de la División de Operaciones del Emacon, vicealmirante José A. Martínez Sainz-Rozas; y los integrantes del Grupo de Control, el coronel Joaquín Yáñez González y el comandante Alfonso Elías Lorenzo.

Entre los nuevos testigos destacan los miembros de la cúpula militar: el teniente general jefe del Estado Mayor del Aire, Eduardo González Gallarza; el jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Alfonso Pardo de Santayana y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, teniente general Félix Sanz. También ha citado a declarar al subsecretario de Defensa en el momento del accidente, Víctor de la Torre Silva, la diputada socialista María del Carmen Sánchez Díaz, -que planteó al Gobierno del PP numerosas preguntas sobre el accidente-, varios empleados de la empresa contratista del avión, un periodista que viajó en un vuelo anterior de la aeronave y el presidente del Sindicato de Pilotos SEPLA.

Además, ha solicitado centenares de documentos a los ministerios de Defensa y Fomento, al Congreso, al Senado, al CNI, y a varios medios de comunicación, a los que pide copia de las informaciones publicadas el día del accidente y en días posteriores.