La Fiscalía pide cinco años de cárcel para el general que identificó a los fallecidos

• El teniente fiscal de la Audiencia Nacional solicita penas de cárcel para los altos cargos del Ejército que se encargaron de identificar a los cadáveres de los militares fallecidos por el accidente del Yak-42.
• Desde la Fiscalía se acusa al general de Sanidad Vicente Navarro y a sus subalternos de falsificación en documento público por haber identificado erróneamente a 30 de los 62 fallecidos.
• También se solicitan indemnizaciones de 25.000 euros a cada uno de los cónyuges, padres e hijos de los erróneamente identificados.

CNN+. El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, ha solicitado cinco años de prisión para el general de Sanidad Vicente Navarro, al que responsabiliza de los errores en la identificación de 30 de las 62 víctimas del accidente aéreo del Yak-42.

En el escrito de acusación presentado ante el juzgado de Fernando Grande-Marlaska, Burgos solicita además cuatro años y medio de prisión para los subalternos de Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez.

Navarro, Ramírez y Sáez fueron los militares que integraron el equipo médico encargado de la identificación de los cadáveres y que emitió los correspondientes certificados de defunción tras el accidente del Yak-42, que tuvo lugar el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía).

Falsificación en documento público

El fiscal acusa a todos ellos de un delito continuado de falsificación en documento oficial por haber faltado a la verdad cuando atribuyeron a 30 víctimas del accidente aéreo una filiación que no era la suya.

Para el general Navarro, Burgos solicita, además, una multa de 60.000 euros y la inhabilitación especial por un periodo de cinco años, mientras que para Ramírez y Sáez pide una multa de 24.000 euros e inhabilitación de cuatro años.

Responsabilidad del estado

Los errores en la identificación de los cadáveres del accidente aéreo provocaron que fueran entregados a muchos de los familiares de las víctimas restos que no eran los de sus seres queridos. Esto tuvo como consecuencia que se enterrara o incinerara a personas que no eran los familiares que se creía.

El fiscal Burgos considera que esta circunstancia provocó un "gran daño moral" a los familiares de las víctimas, por lo que pide que los tres acusados indemnicen con 25.000 euros a cada uno de los cónyuges, padres e hijos de los 30 fallecidos que fueron erróneamente identificados.

Ante la indemnización solicitada, que en total alcanzará una suma astronómica, el fiscal ha pedido que se considere al Estado responsable civil subsidiario por los errores en la identificación de cadáveres cometidos por los tres militares.