Madrid.- La Asociación de los familiares de la mayoría de las víctimas del Yakolev 42 han presentado este miércoles en la Audiencia Nacional un documento de 58 páginas en el que piden la imputación del ex ministro de Defensa, Federico Trillo, y de la mayoría de la cúpula militar que operaba en el momento del accidente. Entre ellos, el escrito cita al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Antonio Moreno Barberá, los jefes del Estado Mayor del Ejercito (JEME), Luis Alejandre, y del Aire (JEMA), Eduardo González-Gallarza, y del Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), Juan Luis Ibarreta.

Además de la comisión por omisión con resultado de muerte -que se traduce en homicidio-, los familiares de las víctimas imputan a estos mandos políticos y militares delitos de malversación de fondos públicos en la contratación del Yak y de los 41 vuelos anteriores que transportaron a militares y de falsedad en los documentos que informaban sobre las condiciones de los vuelos. Según el abogado de los familiares, Leopoldo Gay, los estamentos militares y el Ministerio de Defensa conocían las quejas de familiares y soldados que advertían sobre la peligrosidad de los vuelos, y sin embargo estos los omitieron. “Lo conocía la cúpula militar y casi con toda seguridad lo conocía el ministro [Trillo]", asegura el letrado.

Las quejas desoídas

La reciente declaración del ex ministro de Defensa, José Bono, en la Audiencia Nacional reveló que el Mando Aéreo de Levante agrupó una serie de quejas sobre los vuelos realizados con aviones de la ex Unión Soviética que envió al Estado Mayor del Ejercito del Aire, y éste remitió a su vez al Estado Mayor Conjunto (EMACON). También se ha sabido que el general José Antonio Beltrán, que dirigía el Centro de Conducción de la Defensa (CECOD) en 2003, recibió un fax que contenía esta quejas el 11 de marzo de ese mismo año, sin embargo este documento no aparece en el Ministerio de Defensa hasta varias semanas después del accidente del Yak, ocurrido el 26 de mayo de 2003.

Según la acusación particular, el Ministerio tenía conocimiento de estas quejas por tres diferentes vías. En primer lugar, varios países de la OTAN habían dejado de volar con estos aviones a raíz de quejas sistemáticas sobre la seguridad, por lo que lo servicios del inteligencia del Ejercito español ya habían iniciado investigaciones. Además, en el diario de sesiones del Congreso hay constancia de una pregunta sobre la seguridad de los vuelos militares formulada por la diputada Carmen Sánchez al ex ministro Trillo días antes del siniestro del Yak.

Además de omitir las reiteradas quejas sobre la seguridad de los aviones, los familiares de las victima acusan al Ministerio de irregularidades en la contratación del avión. En el contrato entre España y la Namsa se permitía combinar en cabina pasaje y carga, además del transporte de explosivos. Una mezcla “ilegal” a todas luces para cualquier compañía aérea, según el abogado de las familias. Este hecho probaría el delito por falsedad de documentos, pero además los familiares aserguran que hay indicios para creer que un tercio de los pagos realizados para contratar estos aviones fueron comisiones ilegales, por lo que acusan al Ministerio de Defensa de malversación de caudales públicos.

"Homenaje a la verdad"

Para el representante de la Asociación de Familiares del Yak-42, Pacho Gonzalez, la lucha que están llevando a los tribunales supone un “homenaje a la verdad” y a los 62 “heroes” fallecidos en Trazbon (Turquía) el 26 de mayo de 2003. A pocos días de que se cumpla el quinto aniversario del siniestro, Gonzalez ha recordado a los medios presentes en la rueda de prensa el “largo” camino que han recorrido en busca de una resolución judicial que se ha sido archivada en dos ocasiones.

Tras criticar la lentitud de proceso, Pacho González ha dicho que "ya es hora de que se actúe y se depuren responsabilidades", sobre todo cuando "ya se sabe que los mandos políticos y militares ya conocían las quejas sobre la contratación del avión" y "no hicieron nada". “El Yak nunca tenía que haber volado”, ha sentenciado el representante de los familiares.