Segundo revés para un magistrado enfrentado a los afectados

Las decisiones judiciales de ayer son el último de los numerosos sobresaltos del proceso para esclarecer todo lo relacionado con el accidente aéreo que, el 26 de mayo del 2003, costó la vida en Turquía a 75 personas, de ellas 61 militares y un guardia civil españoles que regresaban de su misión en Afganistán.

La jueza Teresa Palacios rechaza inicialmente una demanda de los familiares, que rectificará posteriormente y casi un año después, en septiembre del 2004, comienza la instrucción del caso al solicitar un informe al Ministerio de Defensa.

Paralelamente, un juzgado de Zaragoza, ciudad de destino del avión Yakovlev-42 accidentado, tramita una demanda civil que se sustancia en febrero del 2006 con la condena a las tres compañías responsables del vuelo a indemnizar a las familias de las víctimas.

La vía penal es asumida por el juez Fernando Grande Marlaska, que sustituye a Teresa Palacios. La causa se desdobla en dos: de un lado, la investigación para depurar las responsabilidades por la contratación del avión, y de otro, por la identificación errónea de 30 de los 62 españoles fallecidos. Grande-Marlaska archiva la primera de las causas el 1 de junio del 2007, y hace lo mismo con la segunda unos meses después, el 22 de noviembre.

Los familiares de las víctimas, enfrentadas desde el principio con el juez Grande-Marlaska, recurren los archivos de las causas. La Audiencia Nacional les da la razón y le obliga a reabrir los procesos, uno en enero, y el otro, ayer.