La Audiencia Nacional sentará en banquillo al general Vicente Navarro, al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez, los tres mandos que equivocaron la identificación de 30 de los 62 de los militares muertos en el accidente aéreo ocurrido el 2003, en Turquía, cuando la expedición regresaba de su misión internacional de paz en Afganistán.

La Sala de lo Penal dio ayer la razón a la Fiscalía y a las familias de los fallecidos y anuló el archivo de la causa, decretado en noviembre pasado por el juez instructor Fernando Grande-Marlaska, quien en las próximas semanas deberá remitir las actuaciones que practicó al Juzgado de lo Penal para su enjuiciamiento.

Es el segundo tirón de orejas en tres meses que la sala da a Grande-Marlaska en el mismo asunto. El pasado 20 de enero ordenó al juez que reabriese la investigación paralela que trata de determinar si se produjeron irregularidades en la contratación del avión siniestrado, un 'Yak 42', y si procede depurar por ello responsabilidades penales. La Sala de lo Penal comunicó a Grande- Marlaska que se había precipitado al rechazar la práctica de nuevas diligencias.

El auto dictado ayer indica que el «sobreseimiento libre» dictado por el instructor para los tres imputados, por apreciar que el trabajo de los militares fue «imprudente» y poco profesional, pero no delictivo, «esté fuera de lugar». El tribunal recuerda que Navarro, que elaboró los certificados de defunción, y los dos oficiales médicos, que realizaron los informes de las autopsias, equivocaron la totalidad de las fichas de los restos de 30 militares muertos que no habían podido ser identificados sin lugar a duda por las autoridades turcas.

Por este motivo, el tribunal que entiende que en la instrucción hay elementos suficientes para que los tres imputados comparezcan en un juicio para determinar si incurrieron o no en un delito de falsedad documental, de mayor o menor gravedad.